Title:
César Alberto Mendoza, et al. (judicial review)
Court:
Federal Court of Criminal Appeals (Cámara Federal de Casación Penal)
Date:
30 August 2012
CRC Provisions:
Article 1: Definition of a child
Article 2: Non-discrimination
Article 3: Best interests of the child
Article 4: Implementation of rights
Article 12: The child’s opinion
Article 37: Torture and deprivation of liberty
Article 40: Administration of juvenile justice
Other International Provisions:
American Convention on Human Rights, Articles 1.1, 2, 5.5, 5.6, 7.6, 8, 19 and 25
International Covenant on Civil and Political Rights, Articles 2, 7, 9.4, 10.3, 14.4 and 24.1
Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, Article 2
UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Beijing Rules)
UN Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines)
UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty
Domestic Provisions:
Constitution, Articles 18 (prisons shall be for the security and not for the punishment of the prisoners confined therein) and 75 section 22 (treaties have a higher hierarchy than laws)
Criminal Code, Article 80 (imprisonment or confinement for life will be imposed on a person who has committed murder)
Law 22,278 on the Juvenile Criminal Justice System, Article 2 (a child aged 16 to 18 who commits an offence punishable by more than two years’ imprisonment may face the same penalties that adult offenders face), Article 4 (judges may impose on children the same sanctions as on adults including the deprivation of liberty; these sanctions are established in the Criminal Code).
Law 26,061 on the Comprehensive Protection of Children and Adolescents (application of the CRC is mandatory in any administrative, judicial, or other type of decision adopted with regard to a child; for effects of the legitimate restriction of liberty, the UN Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, the UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, the UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency, and the UN Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures must be observed)
Case Summary:
Background:
The three appellants were sentenced to life imprisonment for crimes that they committed when they were under 18. Under the Argentine laws, a child convicted of committing crimes that occurred when they were aged 16 to 18 could be subject to an adult criminal justice system and receive the same sentence as adults, including life imprisonment with no possibility of review or parole for 20 years. The appellants sought judicial review in the Federal Court of Criminal Appeals, Argentina’s highest criminal court, challenging the constitutionality of life sentences for children.
Issue and resolution:
Life imprisonment of children. The Court ruled that life imprisonment sentences for children (under 18s) are unconstitutional and violate the CRC.
Court reasoning:
The Court found that life imprisonment cannot be applied to children because it puts the State in violation of the CRC, to which it is a signatory. Citing the CRC, the Court recognised that life imprisonment of children is incompatible with the requirements to use detention for children as a measure of last resort and for the shortest possible period of time, and ensure sentences are aimed at the reintegration of the child. The Court said that international treaties, such as the CRC, take precedence over national law, and noted that judges must apply supranational legal standards in their rulings if the State is to avoid violations of its international obligations.
Excerpts citing CRC and other relevant human rights instruments:
as in full-text Spanish decision:
Con respecto a los principios contenidos en la Convención [sobre los Derechos del Niño], “la teoría supone que ellos se imponen a las autoridades, esto es, son obligatorios especialmente para las autoridades públicas y van dirigidos precisamente hacia (o contra) ellos. En consecuencia, nada más lejano al sentido de lo que aquí llamamos principio del interés superior del niño, creer que el interés superior del niño debe meramente “inspirar” las decisiones de las autoridades. No, el principio del interés superior del niño lo que dispone es una limitación, una obligación, una prescripción de carácter imperativo hacia las autoridades”. [p.42]
Además, en el informe 172/10 referente a esta causa, la Comisión IDH señaló que “en aquellos casos en los que se establezca la responsabilidad penal de adolescentes por delitos graves a los que correspondan penas privativas de libertad, el ejercicio del ius puniendi por parte del Estado debe regirse por el principio del interés superior del niño. [p.43]
Tal es el sentido del artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño citado en la sección anterior. Una política criminal que en lo relativo al tratamiento de niños, niñas y adolescentes infractores esté orientada meramente por criterios retributivos y deje en un segundo plano aspectos fundamentales como la prevención y el fomento de oportunidades para una efectiva reinserción social, sería incompatible con los estándares internacionales en materia de justicia penal juvenil.” (párrafo 146). [p.44]
1º) Constituye cuestión federal suficiente para ser analizado en esta instancia, por encontrarse en crisis la sentencia recurrida, con normas de derecho internacional sobre derechos humanos con jerarquía constitucional y superior a las leyes internas: la Convención sobre los Derechos del Niño –CDN-; la Convención Americana sobre Derechos Humanos -CADH-; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; la Convención Interamericana sobre la Tortura. [p.104]
Conforme los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 1, 2, 3, 4, 12, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5.5, 5.6, 7.6, 8, 19, 25 en relación a las obligaciones del 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2, 7, 9.4, 10.3, 14.4 y 24.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 2 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, se cuestiona la constitucionalidad de la aplicación de las penas de reclusión y prisión perpetua a niños y se solicita se imponga las penas temporales prescriptas en el artículo 44, 2º y 3º párrafo del Código Penal; atento que el “Régimen Penal de la Minoridad” regulado en la ley 22.278, prevé en el artículo 4 inciso 3, 2º párrafo se aplique la reducción prevista para la tentativa. [pp.104-105]
[…] El artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño indica que “niño es todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. [p.115]
La Convención sobre los Derechos del Niño reconoce la protección especial que el Estado debe brindar a los niños, particularmente en materia de administración de justicia, y reconoce como prioridad, que los conflictos en los que haya niños involucrados se resuelvan, siempre que ello sea posible, sin acudir a la vía penal; en caso de recurrir a ésta, siempre se les deben reconocer las mismas garantías de que gozan los adultos, así como aquellas específicas propias de su condición de niños. Dicha Convención se remite, asimismo, a otros instrumentos internacionales como las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia a Menores -Reglas de Beijing-, las Directrices de las Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil -Directrices de Riad- y las Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad, además de las Observaciones Generales que produce el “Comité de los Derechos del Niño”. [p.117]
La Convención sobre los Derechos del Niño – artículos 37 y 40-, junto con otros instrumentos internacionales sobre derechos humanos, acogió la doctrina de la protección integral, que reconoce al niño su condición de sujeto de derecho y le confiere un papel principal en la construcción de su propio destino. En materia penal, específicamente, significó el cambio de una jurisdicción tutelar a una punitivo-garantista, en la cual, entre otras medidas, se reconocen plenamente los derechos y garantías de los niños; se les considera responsables de sus actos delictivos con una responsabilidad disminuida por su inmadurez; se limita la intervención de la justicia penal al mínimo indispensable; se amplía la gama de sanciones, basadas en principios educativos; y se reduce al máximo la aplicación de las penas privativas de la libertad, prohibiendo la pena capital y la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación y estableciendo que “La detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se… utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda;” –conforme la CDN artículo 37 incisos a) y b). [p.118]
La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la Convención sobre los Derechos del Niño, a través del análisis de los artículos 8, 19 y 25 de la Convención Americana. En el caso de los “Niños de la Calle”, en que se aplicó el artículo 19 de la Convención Americana, utilizó el artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, como instrumento para fijar el alcance del concepto de “niño” -Caso Villagrán Morales y otros. Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C No. 63, párr. 188-, destacando la existencia de un “muy comprensivo corpus iuris de derecho internacional de protección de los derechos de los niños” (del cual forman parte la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana), que debe ser utilizado como fuente de derecho por el Tribunal para establecer “el contenido y los alcances” de las obligaciones que ha asumido el Estado a través del artículo 19 de la Convención Americana, en particular al precisar las “medidas de protección” a las que se hace referencia en el mencionado precepto…” -párrafo 194-. [pp.120-121]
El artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño dispone: 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. El mismo principio se reitera en los artículos 3, 9, 18, 20, 21, 37 y 40, para asegurar la efectiva realización de todos los derechos contemplados en ese instrumento, cuya observancia permitirá al sujeto el más amplio desenvolvimiento de sus potencialidades. A este criterio han de ceñirse las acciones del Estado y de la sociedad en lo que respecta a la protección de los niños y a la promoción y preservación de sus derechos. [pp.122-123]
… En la Opinión Consultiva 17 –OC 17 [de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las “Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño” del 28 de agosto de 2002], analiza la Convención Americana sobre Derechos Humanos –CADH- y la Convención sobre los Derechos del Niño –CDN-, sostuvo los siguientes conceptos que se sintetizan en los puntos: […] los menores de 18 años a quienes se atribuya la comisión de conductas previstas como delictuosas por la ley penal, deberán quedar sujetos, para los fines del conocimiento respectivo y la adopción de las medidas pertinentes, sólo a órganos jurisdiccionales específicos distintos de los correspondientes a los mayores de edad. Así, la Convención sobre los Derechos del Niño contempla el “establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare culpables de haber infringido esas leyes” (artículo 40.3). 118: “A nivel internacional, … los Estados Partes en la Convención sobre los Derechos del Niño han asumido la obligación de adoptar una serie de medidas que resguarden el debido proceso legal y la protección judicial,… artículos 37 y 40”. […] En la medida de lo posible, deberá evitarse y limitarse a circunstancias excepcionales a la detención antes del juicio. […] En consecuencia, deberá hacerse todo lo posible por aplicar medidas sustitutorias. [pp.123-125]
Corresponde señalar los siguientes puntos del decisorio de la OC 17 de la Corte IDH:
2. Que la expresión “interés superior del niño”, consagrada en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño; [pp.125-126]
Tomando en cuenta la situación de sujeto de derecho pleno en términos convencionales, constitucionales y legales, la situación de especialidad, vulnerabilidad, necesidades específicas, atendiendo siempre al interés superior del niño, cuando nos encontramos con infractores a la ley penal de niños entre los 16 años de edad hasta que no hayan cumplido los 18 años, corresponde aplicar la escala atenuada que se impone a los mayores, o sea la escala reducida de la tentativa, conforme los artículos 18 y 75 inciso 22 de la Constitución Nacional; 1, 2, 3, 4, 12, 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 5.5, 5.6, 7.6, 8, 19, 25 en relación a las obligaciones del 1.1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 44 del Código Penal; 4 de la ley 22.278 y 1, 2 y 27, de la ley 26.061. [p.130]
5º) Nuestro Estado Constitucional de Derecho, al receptar el derecho internacional sobre derechos humanos en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, asume por voluntad del constituyente, adherir al paradigma de los derechos humanos, que como anticipara consagra los derechos contenidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, que se contraponen con las normas señaladas del derecho interno, por la situación de especialidad, vulnerabilidad, inmadurez, influenciabilidad, menor comprensión de los actos, especificidad, que detentan los niños, de manera que no pueden ni deben ser tratados como adultos. [p.133]
Convencionalmente surge del artículo 37.b) CDN, que los niños sólo pueden ser privados de la libertad, sufrir encarcelamientos o detenciones, como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda. Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la justicia de menores -Reglas de Beijing- mantiene similares estándares; como las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad -reglas 1 y 2- y el principio III.1 de los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas. [pp. 133-134]
No cumple con los estándares convencionales la perpetuidad de una pena privativa de libertad, con la exigencia que la detención de los niños debe ser utilizada como medida de último recurso y durante el período más breve posible –artículo 37 b) CDN-. Es muy angustiante para un niño infractor de la ley penal soportar la carga del encerramiento perpetuo, resulta desproporcionada y excesiva con relación a los niños, modalidad de sanción que tampoco cumple con el estándar de la reinserción social como objetivo de la pena privativa de libertad. [p.134]
CRIN English translation:
The principles contained in the Convention on the Rights of the Child, “are, in theory obligatory. That is to say, they govern the actions of public authorities and can be used by them or against them. As a consequence, it is completely incorrect that the principal of the best interests of the child be considered a mere ‘inspirational’ factor in the decisions of these authorities. No, the principle of best interests of the child is a requirement, an obligation and a legal provision of imperative character that must be respected by the authorities” [p. 42]
Moreover, in report 172/10 on this decision [Case 12.561, César Alberto Mendoza et al (juveniles sentenced to life time imprisonment), Merits, Argentina, 2 November 2010], the Inter-American Commission on Human Rights indicated that “in cases where adolescents are found to be criminally responsible for serious crimes that correspond with imprisonment, the application of punitive measures by the State should be based on the principle of the best interests of the child. [p. 43]
Such is the meaning of article 3 of the Convention on the Rights of the Child cited in the former section. A criminal policy on the treatment of children who are juvenile offenders that is merely governed by retributive criteria and leaves out fundamental aspects like prevention and encouragement of effective social reinsertion is incompatible with international standards on juvenile criminal law” (paragraph 146). [p. 44]
1º) Therefore, this is a federal issue worthy of being analysed in this instance due to the contested judgment being found to contradict international legislation on human rights which, according to constitutional hierarchy, is superior to domestic legislation. Thus the following instruments on international legislation had not been complied with because local tribunals sentenced children to prison and life imprisonment: The Convention on the Rights of the Child, the American Convention on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, and the Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture [p. 104]
According to articles 18 and 75 section 22 of the National Constitution; 1, 2, 3, 4, 12, 37 and 40 of the Convention on the Rights of the Child; 5.5, 5.6, 7.6, 8, 19, 25 on the obligations in articles 1.1 and 2 of the Inter-American Convention on Human Rights; 2, 7, 9.4, 10.3, 14.4 and 24.1 of The International Covenant on Civil and Political Rights and article 2 of the Inter-American Convention to Prevent and Punish Torture, sentences of prison and life imprisonment of children are unconstitutional. Therefore, temporary sentences are recommended as stated in article 44, paragraph 2º and 3º of the Criminal Code and the provided reductions in sentences for attempt should be applied in accordance with“ the policy on criminal responsibility of minors” regulated by law 22.278, article 4, section 3, paragraph 2º. [pp. 104-105]
Article 1 of the Convention on the Rights of the Child indicates that “all persons under the age of eighteen are considered children, except where the legislation provides for a lower age of majority”. [p. 115]
The Convention on the Rights of the Child recognises that States should afford children special protection, especially in the administration of justice, and that conflicts involving children should be resolved, whenever possible, without resorting to criminal proceedings. However, if criminal proceedings are necessary, children should have the same guarantees as adults as well as those that are specific to their condition. The above mentioned Convention is thus related to other international instruments such as, the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), the United Nations Guidelines for Prevention of Juvenile Delinquency (Riyadh Guidelines) and the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty as well as the general recommendations made by the “Committee on the Rights of the Child”. [p. 117]
The Convention on the Rights of the Child, articles 37 and 40, together with other international instruments on human rights created a policy of comprehensive protection that recognises children as legal subjects and grants them the principle role in their own destiny. Most importantly, in criminal matters this means the change from a tutelary jurisdiction to a punitive/protective one which, among other measures, fully recognises the rights and guarantees of children by considering them responsible for criminal acts committed but at the same time diminishing this responsibility due to immaturity. This jurisdiction, limits the intervention of criminal justice to the minimum necessary, amplifies the range of penalties based on educational principles, minimizes application of imprisonment, bans capital punishment, life imprisonment without the possibility of release and establishes that “the detention, imprisonment or remand of a child will only be applied as a last resort and for the shortest appropriate time” – The Convention on the Rights of the Child article 37 section a) and b). [p.118]
Article 3 of the Convention on the Rights of the Child states that: 1. In all measures concerning children taken by public or private social welfare institutions, tribunals, administrative authorities and legislative organs, it is of the utmost importance that the best interests of the child are take into consideration. The same principal is reiterated in articles 3, 9, 18, 20, 21, 37 and 40 of the Convention to ensure the effective fulfilment of rights that allow subjects to develop their potentials to the best of their ability. As a consequence the actions of the State and society must abide by this criterion in regards to the protection of children and the promotion and preservation of their rights. [pp.122-123]
… Advisory Opinion 17 [of the Inter-American Court of Human Rights on “Legal status and Human Rights of the Child”, 28th August 2002] supported concepts that can be summarised in the following statements: … people under the age of 18 who have committed criminal acts should only be subject to specialised courts and tribunals that differ to those of adults – for reasons of understanding and the adoption of pertinent measures. The Convention on the Rights of the Child examines “the creation of laws, procedures, authorities and specific institutions for children who have allegedly infringed, been accused of, or been declared guilty of having infringed criminal law, (article 40.3). 118: In the international sphere,… States Parties to the Convention on the Rights of the Child have the responsibility of adopting a series of measures that respect legal process and judicial protection,… articles 37 and 40. … When possible, detention before a trial should be avoided, limited to exceptional circumstances and every effort should be made to resort to alternative measures. [pp.123-125]
The following points of the decision of Advisory Opinion 17 of the Inter-American Court of Human Rights are worthy of being mentioned:
2. The expression “the best interests of the child”, enshrined in article 3 of the Convention on the Rights of the Child, implies that children’s development and the unfettered exercise of their rights should be considered governing criteria in the elaboration and application of laws on all decisions relative to the life of a child. [pp.125-126]
Taking into account the status of full subjects of law in conventional in constitutional and legal terms; as well as the special condition, vulnerable situation, specific needs, and the required observance of the best interests of the child when the accused is between 16 and 18 years old, it is necessary to apply the scale of extenuating circumstances that is used for adults. In other words, the reduced scale of attempt, in accordance with articles 18 and 75 section 22 of the National Constitution; 1, 2, 3, 12, 37 and 40 of the Convention on the Rights of the Child; 5.5, 5.6, 7.6, 8, 19, 25 in relation to obligations in articles 1.1 and 2 of the American Convention on Human Rights; article 44 of the Penal Code; article 4 of law 22.278 and 1, 2 and 27 of law 26.061. [p.130]
5º) Our Constitutional State of Law, upon recognising the international law on human rights in article 75 section 22 of the National Constitution, is committed, according to the will of the constituent assembly, to adhere to the human rights framework. Therefore giving priority to the rights enshrined in the Convention on the Rights of the Child, the American Convention on Human rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, even if they are in conflict with domestic laws, children cannot be treated like adults due to their special condition as children and their vulnerability, immaturity, impressionability, lack of understanding and the acts [committed] and the special nature of children. [p.133]
According to article 37.b) of the Convention on the Rights of the Child, children can only be deprived of their liberty, imprisoned or detained as a last resort and during the shortest period possible. The United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty – rules 1 and 2, and principle III.1 of the Principles and Best Practices on the Protection of Persons Deprived of Liberty in the Americas also state similar standards. [pp.133-134]
The sentence of life imprisonment does not comply with conventional standards which require that the detention of children be used as a last resort and for the briefest possible period – article 37.b. of the Convention on the Rights of the Child. It is very distressful for child offenders to have to tolerate life imprisonment. These types of penalties, which do not comply with standards for social reinsertion, are disproportionate and excessive for children. [p.134]
Follow Up:
The Inter-American Court of Human Rights determined in Mendoza et al v. Argentina that life sentences against children constitute a breach of the American Convention on Human Rights. Read the judgment and CRIN’s case summary.
Notes:
For more information on the issue of inhuman sentencing of children, including a selection of case law, please see CRIN’s ‘Inhuman sentencing’ campaign.
CRIN Comments:
CRIN believes this decision is consistent with the CRC. As emphasised by the Court, life sentences do not comply with Article 37, which provides that the imprisonment of a child “shall be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time”. Furthermore, under Article 40, states are obligated to operate separate juvenile justice systems for children in conflict with the law with a non-punitive, child-friendly approach.
Citation:
Causa N° 14.087–Sala II–C.F.C.P “Mendoza, César Alberto y otros s/ recurso de revisión”
Link to Full Judgment:
http://cdn01.ib.infobae.com/adjuntos/162/documentos/003/938/0003938029.pdf
This case summary is provided by the Child Rights International Network for educational and informational purposes only and should not be construed as legal advice.